JORGE LUIS PÉREZ
Integrantes de la legislatura local de Hidalgo, presentaron propuestas para mejorar el servicio público en beneficio de las niñas, niños y jóvenes, así como también eficientar la acción política desde los municipios, en la sesión de este miércoles.
SIPINNA: NO BASTAN BUENAS INTENCIONES
Generar un sistema estatal de indicadores que permita evaluar el avance de las acciones institucionales, de programas y políticas públicas municipales, así como su impacto y resultado en el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es la propuesta que se presentó en el pleno del Congreso local, esta mañana.
La iniciativa busca que el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se más eficiente, porque cuando se habla de garantizar derechos a la niñez, no basta con buenas intenciones. Se necesitan evidencias, estadísticas, datos, resultados y evaluaciones. De ahí la importancia que, desde el ámbito municipal se cuente con un sistema único de indicadores que sea claro, transversal, confiable y actualizado, para diagnosticar, planear, corregir y rendir cuentas”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha promovido seis criterios de evaluación de las intervenciones públicas aplicables a las políticas locales de infancia y adolescencia, que versan en la pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad que facilitan los procesos de diseño y ejecución acciones, programas, políticas y presupuestos, lo cual se puede aplicar en Hidalgo.
RENDICIÓN DE CUENTAS EN AYUNTAMIENTOS
Así mismo se presentó hoy, una iniciativa que busca transformar la relación entre autoridades municipales y ciudadanía mediante nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Hidalgo, establecería la obligatoriedad de que síndicos y regidores presenten sus informes anuales no solo ante el Ayuntamiento, sino en eventos públicos accesibles para toda la población.
Con esto se responde a una problemática documentada: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, más del 83.1% de los mexicanos consideran que la corrupción es frecuente en el gobierno. En Hidalgo, la situación es similar, con un 83.4% de la población adulta percibiendo actos de corrupción como habituales.
ELEVAR CALIDAD DE INICIATIVAS DE REFORMA
Ante el pleno de la LXVI legislatura de Hidalgo, se subió la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su reglamento, con el propósito de instaurar un orden normativo que eleve la calidad de las iniciativas y fortalezca el proceso legislativo.
Actualmente no existe un catálogo obligatorio de requisitos que asegure que toda propuesta normativa esté debidamente fundamentada, estructurada y redactada con técnica jurídica. Esta omisión ha generado incertidumbre, discrecionalidad y desigualdad en el tratamiento de las iniciativas, lo que erosiona la seguridad jurídica y debilita la legitimidad parlamentaria.
La reforma propuesta establece un conjunto uniforme de requisitos para la presentación de iniciativas legislativas. Además, incorpora un mecanismo procesal eficiente; y si una propuesta no cumple con los requisitos, la Secretaría de Servicios Legislativos deberá prevenir al promovente para que subsane las deficiencias en un plazo de tres días hábiles. En caso de omisión, la iniciativa se tendrá por no presentada.
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Hidalgo, establecería la obligatoriedad de que síndicos y regidores presenten sus informes anuales no solo ante el Ayuntamiento, sino en eventos públicos accesibles para toda la población.
Con esto se responde a una problemática documentada: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, más del 83.1% de los mexicanos consideran que la corrupción es frecuente en el gobierno. En Hidalgo, la situación es similar, con un 83.4% de la población adulta percibiendo actos de corrupción como habituales.
