La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe especial a seis años del incendio en una toma clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el municipio de Tlahuelilpan, señalando a la paraestatal como responsable por negligencia, omisiones graves y falta de mantenimiento en su infraestructura, factores que habrían contribuido a la tragedia ocurrida el 18 de enero de 2019.
Como es del dominio público a nivel nacional e internacional, por el hecho de que hubo más de 110 personas muertas, el incendio se propició mientras una multitud recogía gasolina que arrojaba en fuente el ducto, después de que huachicoleros dejaron abandonada una toma clandestina que se les salió de control.
Sin embargo el documento acusa a la empresa paraestatal de operar con sistemas deteriorados y tecnología obsoleta, insuficiente para detectar y atender de manera oportuna las tomas clandestinas de hidrocarburos.
La CNDH advierte que Pemex ha priorizado la clausura de tomas irregulares sin adoptar medidas preventivas efectivas frente al creciente fenómeno del huachicoleo.
“Pemex, como empresa productiva del Estado, está obligada a prevenir accidentes, garantizar los derechos humanos y remediar los daños cuando estos ocurren”, puntualiza el informe.
El informe critica la ineficacia del llamado Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que desde 2018 ha involucrado a fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
Si bien reconoce los esfuerzos institucionales, la CNDH los considera insuficientes desde la perspectiva de derechos humanos, al no atender las causas estructurales del problema ni sus consecuencias ambientales y sociales.
La Comisión plantea una serie de recomendaciones dirigidas a Pemex y a los tres niveles de gobierno, entre ellas campañas de concientización sobre los riesgos del manejo inadecuado de combustibles, capacitación a servidores públicos en zonas de alto riesgo.
Diseño de un plan integral de atención médica, psicológica y social para las víctimas, modernización de la infraestructura de transporte de combustibles, evaluación de impacto ambiental y estudios de riesgo en zonas vulnerables.
La explosión puso en evidencia la falta de protocolos y capacidad de respuesta ante emergencias.
Decenas de personas, entre ellas menores de edad, se encontraban recolectando gasolina derramada de una toma clandestina cuando se registró el estallido, provocando la mayor tragedia vinculada al robo de hidrocarburos en la historia reciente del país.
La CNDH concluyó que Pemex debe asumir plenamente su responsabilidad, no sólo reparando integralmente a las víctimas, sino implementando cambios estructurales urgentes para prevenir futuros desastres.
Hasta el momento, la empresa del Estado mexicano no ha emitido una respuesta pública al informe de la CNDH.
